Los ataques contra los periodistas no cesan en Colombia. A los continuos señalamientos en redes sociales, efectuados por el presidente y otros funcionarios del Gobierno contra medios y comunicadores; se suma la grave situación registrada el día de ayer en la Casa de Nariño.
En el lugar, un periodista de la revista Semana fue interceptado, seguido y amenazado con el retiro de su acreditación, justo cuando intentaba recaudar información sobre las denuncias hechas contra una alta funcionaria del Gobierno Petro, quien, al parecer, abusó de su poder y promovió el interrogatorio y la práctica de una prueba de polígrafo a una empleada personal en las instalaciones de la Casa de Nariño.
La situación ocurrida en la sede presidencial es un nuevo atentado contra la libertad de prensa en Colombia, y se une a la andanada de ataques y descalificaciones contra medios y periodistas, coincidiendo con la ambientación de una censura de prensa que algunos miembros de la coalición de Gobierno vienen promoviendo en el Congreso de la República justificándola en la presunta búsqueda de la verdad.
Mientras Gustavo Petro habla de la Carta Democrática para defender a los actores políticos que le son favorables, no menciona ni tangencialmente las resoluciones proferidas por la OEA en torno a la libertad de expresión.
Por tal razón, es bueno recordar que según la OEA, «los condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales», lo que deja sin piso la persecución del Gobierno Petro contra amplios sectores de la prensa, a los cuales han señalado de falaces, inoportunos y parcializados.
En este sentido, la OEA establece que «una interpretación correcta de las normas internacionales, especialmente del artículo 13 de la Convención Americana, nos lleva a concluir que el derecho a la información abarca toda la información, inclusive aquella que denominamos “errónea,” “no oportuna” o “incompleta”. Por tanto, cualquier calificativo previo que se le imponga a la información limitaría la cantidad de información protegida por el derecho a la libertad de expresión».
Además, advierte que «la exigencia de veracidad puede implicar la censura casi automática de toda aquella información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente en ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo».
De igual forma, advierte la OEA, «dentro de una sociedad democrática [es necesario que] se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto».
Sobre el particular, «la Corte Interamericana ha declarado que la protección a la libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o las ideas favorables, sino también a aquellas que ofenden, resultan chocantes o perturban, porque tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe una sociedad democrática».
Finalmente, la OEA exhorta a los gobiernos a «adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y que no los exponga a un mayor riesgo, así como reconocer de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno».
La Corporación Instituto para las Libertades y el Liderazgo CILID hace eco de la exhortación de la OEA y exige al Gobierno de Gustavo Petro, incluido el presidente y todos sus funcionarios, adoptar un discurso que reconozca la legitimidad y el valor de la labor periodística de los medios y comunicadores, tanto de los afines al programa del actual Gobierno como de aquellos que no se someten a la agenda e intereses de la administración nacional.
Declaración de principios de la OEA sobre la libertad de expresión.